JORGE YOSHIYAMA ¡CANTÓ!

Lo que debe hacerse para avanzar en la lucha contra la gran corrupción

Escribe: Federico Romero. Red Obrera

El sobrino del operador de la campaña del fujimorismo en 2011, contó con lujo de detalles de qué manera blanqueó 800 mil dólares (de procedencia ilícita) para ingresarlos a la campaña de ese entonces, usando la modalidad del “pitufeó”. Así se confirmó con éxito particular la hipótesis de investigación del fiscal José Domingo Pérez y las medidas dictadas por el juez Concepción Carhuancho, en el proceso que se le sigue a la cúpula de Fuerza Popular y por el que Keiko Fujimori y otros de sus socios se encuentra con prisión preventiva.

Muchos han cuestionado los pedidos del fiscal como las órdenes del juez: las prisiones preventivas, el allanamiento de local partidario y de domicilios, la interceptación de las comunicaciones, las presiones para lograr delaciones y declaraciones, así como el uso del calificativo de “organización criminal”. Lo cierto es que de este modo se ha logrado la declaración decisiva de Yoshiyama, que dos congresistas de Fuerza Popular y otros cinco personajes claves de dicho grupo, “colaboren”. Los resultados están a la vista. Ahora un hecho que es público y notorio (el financiamiento ilícito), tiene evidencias y confesiones que permiten que pueda juzgarse y los culpables ser castigados debidamente.

Este es el modo como se debe proceder para que no ocurra la prescripción que por años utiliza Alan García para rehuir a la justicia, para que no ocurran fugas como la de Toledo y recientemente del juez Hinostroza, para evitar la infinidad de enredos judiciales con la que otros grandes corruptos se protegen con el dinero que robaron, esperando que sus delitos prescriban y se archiven. La norma en la historia de la República es: un carterista es encarcelado y se pudre en cárcel, mientras los grandes ladrones burgueses y de cuello blanco son impunes.

La pregunta que cae por peso propio es: ¿por qué no se  procede igual en todos los casos? ¿Por qué no intervienen ya las cuentas y confiscan los bienes de PPK y sus colaboradores inmediatos, varios de ellos hoy en el Congreso y en el Ejecutivo? ¿Por qué no se hace lo mismo con Alan García, Humala, Susana Villarán y sus entornos? Es más: ¿por qué no se hace lo mismo con el principal responsable de la mega corrupción, Odebrecht, que tranquilo sigue cobrando peajes de robo que son productos de la corrupción, y con sus empresas consorciadas que también siguen haciendo negocios, como Graña y Montero?

“Presunción de inocencia”

Antes de responder a estas preguntas, hay un primer debate sobre los “métodos” de la justicia y, en particular, sobre la llamada presunción de inocencia”.

Es entendible que fujimoristas y antifujimoristas asuman posiciones enfrentadas en este debate teñidos, como están, de una carga subjetiva. Por ejemplo, Marco Arana y Marisa Glave (que han hecho del antifujimorismo una razón para justificar, por ejemplo, atrocidades como su apoyo a PPK), celebran la detención de Keiko Fujimori; pero se dan media vuelta y al mismo tiempo reclaman la libertad de Lula Da Silva en Brasil bajo diciendo que es un “perseguido político”, cuando en su caso es peor: en él no hay “prisión preventiva” sino ejecución de una sentencia luego de 7 años de investigación en libertad. Es más: Lula fue la cabeza de la corrupción junto con Odebrecht.

En el caso de los hoy fanáticos defensores de Keiko, que en su defensa gritan “presunción de inocencia” (incluso periodistas de presunta independencia como Federico Salazar, lo sustentan), ellos como todos los “demócratas” que se rasgan las vestiduras por semejante “atropello”, jamás alzaron su voz de protesta (ni esperamos que lo hagan), contra la abusiva “detención preventiva” que se aplica contra luchadores sociales. Fue el caso de los 3 indígenas por el caso del Baguazo que sufrieron 3 años de cárcel. Fueron los casos escandalosos de los dirigentes mineros Pedro Condori y Rony Cueto, encarcelado en diferentes momentos por el delito de encabezar una lucha contra la criminal tercerización laboral en su sector, sin que ninguno de aquellos señores alzara su voz.

Podemos decir que lo mismo ocurre en otras latitudes. En Argentina, el dirigente obrero y del PSTU, Daniel Ruiz, sufre “detención preventiva” para “comprobarle si cometió algún delito”, cuando en realidad es víctima de la persecución del gobierno Macri en su intento de frenar la enorme bronca popular contra sus medidas de ajuste.

Es un hecho que la presunción de inocencia es un derecho ganado bajo el estado burgués, y como todo derecho democrático los trabajadores lo defendemos para que la “detención preventiva” no se use contra nosotros, contra nuestras organizaciones y nuestras luchas.

Pero, como todo bajo el estado burgués tiene un sello de clase y esto alcanza a las mismas leyes. Por eso la “presunción de inocencia” se aplica a favor del poderoso, que tiene más plata (el caso de los cuatro empresarios de las empresas “consorciadas” que fueron liberados) y/o tiene poder político (Alan García). Pero los que siempre vamos a la cárcel somos los trabajadores y luchadores sociales, como hemos visto.

Por ello la “prisión preventiva” contra Keiko Fujimori (y las otras medidas dictadas en dicha investigación), siendo una excepción bajo la justicia burguesa no deja de ser una victoria. Además, está bien aplicada porque hay indicios y evidencias de lavado de dinero y organización criminal como se viene probando. Pero cabe preguntarse, ¿por qué es una excepción? ¿Teniendo dinero y poder político cómo así le cayó la ley? Por un cambio en la correlación política de fuerzas: en su caída ha sido determinante el movimiento juvenil y popular desatado contra la corrupción y el fujimorismo. Y lo definitivo ha sido la circunstancia de que la mejor forma que encontró el Gobierno para salvar su orfandad política, fue aliarse con el sector burgués antifujimorista y pasar a la ofensiva contra éste, aprovechando su enorme desgaste producto de sus propias trapacerías. De este modo, para tener a Keiko en la cárcel, hemos tenido que pagar el precio de ver encumbrado a un mediocre presidente que nada hace para resolver las demandas obreras y populares pero sí para garantizar las ganancias capitalistas mientras protege a sus propios corruptos.

¿Hay “lucha contra la corrupción”?

Ya sabemos, entonces, qué debe hacerse para combatir la corrupción hasta el fin: la prisión preventiva debe aplicarse sin atenuante alguna en casos de corrupción. Además, se debe dictar una legislación especial para combatirla con medidas como la confiscación de bienes y cuentas bancarias, la duplicación de las penas por robo al Estado, la anulación de beneficios penitenciarios, la no prescripción de estos delitos. Asimismo, debe instrumentarse y financiarse verdaderos equipos con capacidad de investigar hasta el final estos casos, y con fiscalización de organismos sindicales y sociales que somos los más interesados y barrer con todos ellos.

¿Esto es lo que se está haciendo? Lamentablemente, no. Saludamos las buenas intenciones del fiscal Pérez y del juez Concepción, pero un fiscal no hace a la Fiscalía como una golondrina no hace verano. En un Estado burgués absolutamente podrido no es posible encontrar justicia con sus instituciones. Solo miremos los casos de los despedidos y “ceses colectivos” que se extienden mientras el Estado y la justicia no hacen ni dicen nada. Por ello mismo las medidas que se dictaron contra los ejecutivos de las empresas consorciadas, y contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, fueron revocadas. Por eso mismo la detención preventiva de Keiko Fujimori puede también retroceder. No hay  ninguna garantía de que se avance en la investigación contra Keiko ni contra los demás corruptos. Todo parece indicar que se puede aplicar la ley a un sector político burgués que cae en desgracia, mientras el otro de la misma calaña o peor, toma sol en Miami o en Madrid, o siguen haciendo pingues negocios con el Estado. Para no ir tan lejos veamos solo lo que hace el gran paladín “anticorrupción” Vizcarra: dice que “combate” a la corrupción y lo único que ha hecho hasta hoy es convocar un referéndum para cuatro reformas de poca monta y que no cambiarán nada el actual estado de cosas; además él mismo tiene denuncias, sigue rodeado de corruptos y se sigue reuniendo con su mentor PPK…

Detrás de un fiscal que habla como justiciero y un presidente que habla más de lo que hace, ambos adulados por los grandes medios de prensa tampoco nada santos, se nos quiere vende el cuento de que se avanza en la lucha contra la corrupción, cuando en los hechos se intenta rodear de impunidad a otros grandes corruptos del caso Lava Jato ¡Vaya, justicia en el país!

¿Qué hacer?

Lo que hay que saber es que no habrá justicia verdadera con un Estado burgués corrupto, con instituciones corruptas, con un Congreso y un Ejecutivo capturados por la corrupción.

La verdadera justicia solo se obtendrá con la movilización popular y con luchas como la que realizaron los jóvenes contra el fujimorismo. Pero que debe convertirse en una movilización contra todos los corruptos.

Para ello el punto de partida es no embriagarnos, como hacen algunos burgueses y sus voceros, por la cárcel de Keiko Fujimori, mientras protegen a sus propios corruptos. Se trata de ampliar la movilizarnos para defender la continuidad de este proceso y para que llegue hasta el fin, hasta que desfilen con el mismo chaleco de “detenido” y enmarrocados, Alan García, Toledo, Villarán, Humala y los capitostes de Odebrecht y Graña y Montero. Para “limpiar” la Fiscalía y el Poder Judicial no solo de Chávarry sino de todos los corruptos. Para barrer al Congreso y al Gobierno manchados también con la corrupción. Para que se dicte una nueva y verdadera legislación anticorrupción y se establezca un verdadero sistema de justicia, y en contrapartida, para que proteja a los luchadores y luchadoras exigiendo la derogatoria de las leyes que criminalizan las luchas, el derecho a defensa ante la represión, el derecho a manifestarse, no a la impunidad ni al gatillo fácil. Le reclamemos al capitalismo que se presume “democrático” y justo que al menos respete nuestro derecho a protestar y no sufrir cárcel, ni ser abaleado ni perseguido, por reclamar justicia y libertades bajo su régimen.

Y para que esta movilización sea sostenible y vaya hasta el final como necesitamos todos, garantizar en ella la presencia del conjunto de la clase obrera, para lo cual se requiere también asumir sus demandas contra los despidos, los ataques a la libertad sindical y los salarios de hambre. Si alguien conoce la cruda injusticia, ella es la clase obrera que tiene una y mil razones para ser parte de esta lucha y ayudar a inclinar la balanza en favor de los las mayorías pobres y explotadas.

Solo con la clase obrera y todo el pueblo movilizado, podremos hacer justicia y acabar con la corrupción. Solo con nuestras fuerzas movilizadas podremos abrir una perspectiva de verdadera justicia social, postulando un nuevo sistema social que erijamos los trabajadores sobre las ruinas del podrido sistema capitalista que nos gobierna.