VUELVE LA LUCHA DEL CAMPO

Con nuevos bloqueos los trabajadores del campo vuelven a la pelea luego que el Congreso no atendiera su reclamo de una nueva ley que reconozca sus derechos, sobre todo de un salario mínimo de 70 soles. 

Luego de cinco días de poderosa huelga que logró arrancar la derogatoria de la nefasta Ley de Promoción Agraria (LPA) que mantuvo cercenado sus derechos fundamentales y los sumió en una brutal sobreexplotación por más de 20 años, los trabajadores del campo levantaron su medida con la promesa de la mayoría del Congreso de aprobar prontamente una nueva norma que les hiciera justicia.

15 días han bastado para que se desvanezca dicha promesa, y para mostrar que todos los llamados al diálogo y a la confianza en el Estado que se alegaron para levantar la huelga, son eran mentiras y triquiñuelas al servicio de seguir burlando las demandas obreras. No podía ser de otra manera, pues tanto el Congreso como el Gobierno son las mismas instituciones (ocupados por otros) que promulgaron la LPA y son las que ahora intentan proteger los intereses de los grandes capitalistas del agro.

El problema del agro no solo son las services, los recortes de derechos, la persecución a la actividad sindical y la brutal sobreexplotación. Toda esta cruenta realidad se expresa y resume en los míseros salarios que paga. La gran mayoría de los trabajadores del sector que están sujetos a contratos eventuales y por temporadas cobran el salario mínimo de 30 soles diarios (8 dólares), lo que con descuentos y todo no alcanza para el sustento mínimo ni de una sola persona, y no hablemos de una familia obrera. Por eso la lucha agraria demanda un salario mínimo de 70 soles, reclamo que se sustenta, además, en la enorme prosperidad que muestran las empresas del sector. Pero este aumento no quiere ser considerado en el proyecto de ley que debate el Congreso y las diversas bancadas se han enfrascado en un debate mezquino sobre más y menos soles ninguneando ese y otros derechos a los trabajadores, en una competencia por quien cuida más los bolsillos de la patronal, lo que no es casual por tratarse de bancadas no solo patronales sino con vínculos directos con los latifundistas.

Los 15 días otorgados por la lucha no han servido para que se elabore la nueva ley sino para que la patronal desate una gran campaña contra la justa demanda de los trabajadores agrarios. Así, los gremios patronales, el Gobierno, los partidos del régimen y toda la prensa burguesa, contando con el silencio y parálisis de la dirección de la CGTP, están en plena cruzada presentando las legítimas demandas de los trabajadores agrarios como un despropósito que de ser atendidas significarían la ruina de la agroexportación y de toda la economía nacional. No es casual: los patrones siempre alegan lo mismo para no atender los reclamos obreros. Pero mientras el Congreso (sometido a la presión de la movilización) pretende una salida entregando migajas, la patronal no quiere otorgar ni migajas porque no quiere que se sienta el precedente de que con una huelga se fuerce una ley que alce el salario mínimo del sector, y más, que dicha alza lleve a un aumento general. Con ese fin alegan también la libertad de cada patrón de negociar con sus trabajadores el monto salarial cuando dicha “negociación” no existe precisamente porque la organización sindical se encuentra disminuida por el predominio de la contratación eventual y las restricciones a la libertad sindical. En buena cuenta, con estas argucias lo que hacen es ganar tiempo para ordenar sus fichas en el Congreso, darle tiempo al propio gobierno para responder al conflicto y para tratar de aislar cuando no dividir la lucha.

Contra el poder de los empresarios y del Gobierno, su gran prensa y demás instituciones reunidas en torno a ellos, figuran enfrente cientos de miles de trabajadores y trabajadoras precarizados, con sus hijos, y un pueblo pobre que depende de sus economías, organizados en barriadas y que sólo se hacen escuchar movilizándose y bloqueando las carreteras, y enfrentando a la represión, como lo hicieron durante los primeros días de diciembre y que les costó la muerte de dos obreros, y que ahora, ante la manifiesta burla de las autoridades, retoma la pelea.

En esa campaña los empresarios no se cansan de decir que su fabuloso éxito de 20 años es gracias a la LPA, y que dicho éxito en lugar de ser extendido a todos los sectores para producir la reactivación económica corre el riesgo de ser derrumbado en caso de atenderse --aunque sea en parte-- las justas demandas de los trabajadores. En este aspecto los patrones agrarios y sus voceros, dicen la verdad: su prosperidad solo es producto de la brutal sobreexplotación de los trabajadores. Eso es lo que quieren mantener, y los demás empresarios al cerrar filas con ellos lo que buscan es que dicho régimen se extienda a los otros sectores, como salida para “reactivar” la economía, que ellos leen como reactivación de sus ganancias. Así, no solo los trabajadores pagamos los costos de la pandemia, sino se nos quiere hacer pagar los costos de la crisis.

A los empresarios no les falta razón porque su lógica es producir acumulación y ganancia a expensas del trabajo. Por ello todos los discursos de los pequeñoburgueses y reformistas que llaman al diálogo y la resolución “pacífica” de los conflictos no son más que eso, discursos, o buenos deseos que en última instancia solo sirven para sembrar la falsa ilusión de que es posible resolver los problemas con palabras. Una rebelión agraria de 5 días enterró una ley abusiva que perduró por 20 años. Solo retomando la lucha indesmayable, con la solidaridad de toda la clase trabajadora, podrá imponer las demandas.  Estamos ante una lucha donde o ganan los patrones, con sus mediadores del Congreso y todos los instrumentos de poder a su servicio, o ganan los trabajadores con su movilización.  

Para alegar la inviabilidad de cualquier aumento los empresarios alegan que eso producirá la ruina de los pequeños agricultores. En realidad, los pequeños ya fueron absorbidos por los grandes o están en vías de serlo; por eso hemos vuelto a la concentración de tierras en un puñado de capitalistas como era hace 50 años. Son los grandes los que contratan a la mayoría de los obreros. Si los grandes con plena producción y con mercados boyantes no pueden garantizar un salario mínimo de 70 soles entonces son inviables y no tienen razón de existir. Si fuera así, la solución es muy simple: nacionalización de las tierras y explotación de las mismas bajo control de los trabajadores. Solo así se podría garantizar no solo un salario de 70 soles y demás beneficios, sino se generaría ganancias para invertir en salud y educación del pueblo. Esta es la demanda con la que la clase trabajadora no solo debe responder al burdo chantaje de los empresarios, sino en torno a la cual debemos plantear una salida de fondo a la inviabilidad del mismo sistema capitalista que nos gobierna. Ante la pequeña propiedad, y sin menoscabo de ningún derecho obrero, el Estado si tiene la obligación de fijar un régimen especial de incentivos y apoyo.

Ante todo esto, la CGTP calla en todos los idiomas respecto a la demanda fundamental de los agrarios. Su máxima declaración se limita a invocar al Congreso a “evitar el error” de aprobar un proyecto con “deficiencias”, y de mostrarse “vigilante”.  

En lugar de esta pose, lo que demandan los trabajadores agrarios y toda la clase obrera es una manifestación de apoyo incondicional a la lucha agraria y a sus demandas. La CGTP debería hacer exactamente lo que la CONFIEP teme que hagamos: generalizar la demanda de un salario mínimo de 70 soles. Los trabajadores estamos en la miseria. Los pliegos no tienen solución. Aun empresas con altas utilidades como Leche Gloria y Molitalia solo ofrecen miserias. La única forma de mejorar los salarios es mediante un alza general del salario base con la lucha unificada de toda la clase trabajadora, haciendo nuestra la demanda de la lucha agraria.

Es más: hay que sumar a estas demandas las otras demandas obreras pendientes en el momento actual:

- Rigurosos protocolos de seguridad para proteger la salud de los trabajadores. Pruebas moleculares, UCIs, compra de vacunas y recursos para enfrentar el rebrote del covid.

- Condonación de dudas de los trabajadores vulnerables.

- Por una ley que ponga fin a la suspensión perfecta, los ceses colectivos y disponga la reposición de los dirigentes despedidos.

-  Derogatoria de los decretos de reforma laboral.

- Fin a las services, tercerización y contratos de exportación y pase a planilla principal de todos los trabajadores.

Ante la parálisis de la CGTP, las bases obreras están en el deber de tomar la iniciativa de solidarizarse y apoyar el reinicio de la lucha agraria, y hacerlo con estas banderas de unidad de las reivindicaciones obreras.