SOLO NOS QUEDA LUCHAR
Se acaba de
anunciar el inicio de la segunda fase de reactivación. Con esta medida se avanza
hacia la normalidad del 82% de las actividades, lo que significa volver a la
movilidad masiva de antes y a la aceleración de los contactos sociales que tornaran
inevitable el crecimiento exponencial de los contagios. A la fecha estos se
aproximan a 200 mil, pero en realidad aumentan a un ritmo mayor que deliberadamente
no se registran porque se han disminuido las pruebas. Lo mismo sucede con las
muertes: oficialmente superan los 6 mil, pero como lo han demostrado varios
medios internacionales la verdadera cifra es varias veces mayor (en abril fue 8
veces más).
Para “evitar”
la propagación del virus el gobierno alega solo medidas de corto efecto, al
mismo tiempo que no toma ninguna acción para atender ni la emergencia actual ni
su agravamiento. La aplicación de protocolos de seguridad en los centros de
trabajo ha demostrado ser un paliativo que no evita los contagios, y su
resultado está cobrando la vida de numerosos trabajadores. Y ante la queja de
los empresarios que señalan que los protocolos son de tipo “europeo” (nosotros
somos cholos baratos), ahora el gobierno ha resuelto relajarlos, y aún más, ha
resuelto su aprobación automática y sin revisión; quedando los trabajadores librados
a nuestra suerte o a la voluntad de cada empresa que, por supuesto, nunca es la
mejor.
Para el otro
gran sector denominado “informal” (75% de la población), que sale a ganarse la
vida a diario ante el inexistente apoyo estatal, no hay ninguna medida que
ayude a protegerlo: ni mascarillas, ni alcohol, ni transporte público adecuado
y seguro, lo que los hace presa fácil para el contagio.
Crisis sanitaria al rojo vivo
Ante este
panorama que es imposible ocultar y que hace inevitable la masiva propagación
del virus, voceros del mismo gobierno reconocen que entramos a una etapa crítica de la pandemia, sobre todo en Lima, aumentando
cada día la demanda de oxígeno, medicinas, camas UCI, respiradores. Pero al
mismo tiempo el gobierno solo se lamenta y no hace nada, o se limita a anunciar
medidas para los siguientes meses cuando la emergencia es hoy.
La fabricación
y embace de oxigeno es una tecnología sencilla y barata, pero por ineptitud o
por favorecer a las únicas dos empresas autorizadas a fabricarla, el gobierno
ha permitido que mucha gente muera, incluido médicos, en Loreto, Piura, Ucayali
y ahora en Lima. Ante los múltiples reclamos Vizcarra ha anunciado recién que
se comprará y producirá oxígeno, pero tratándose de su palabra no habrá quién le
crea. Lo mismo sucede con las medicinas, encarecidas cuando no acaparadas por
las cadenas de farmacias (Inkafarma y Medifarma) que monopoliza el Grupo
Interbank, ante quien el gobierno no ha sido capaz de tocar ni un pelo.
En cuanto a
la falta de camas, respiradores y equipos UCI: mientras el gobierno dice que se
abastecerá y la pandemia se ceba con los sectores más pobres, la solución está
al alcance de sus manos: tomar el
control de las Clínicas Privadas para que sean parte de la emergencia sanitaria.
Debido a la política de privatización aplicada por todos los gobiernos, más de
la mitad de los servicios de salud (como en educación) se encuentra en manos
privadas. Ellos poseen una inmensa infraestructura de camas y equipamiento para
atender pacientes Covid 19, pero el gobierno prefiere que la gente pobre siga
muriendo pero no tocar dichos negocios, los que a la sazón, también, hacen el
negocio de sus vidas multiplicando sus precios al igual que los mercaderes de
las medicinas y del oxígeno.
Así, destapando la movilidad social sin producir ningún cambio de la desastrosa y criminal política sanitaria del gobierno, enfrentamos un agravamiento mayor estos mismos días, donde se seguirá permitiendo que muchos sigan muriendo en sus casas y limitando todo el esfuerzo del gobierno a recoger cadáveres.
Nuevos ataques patronales
Al mismo
tiempo enfrentamos vemos agravar nuestra situación laboral: 270 mil trabajadores se encuentran en
suspensión perfecta, es decir, sin salarios. Un millón y medio están desocupados, en su mayoría por los despidos
realizados durante la cuarentena. Y ahora que la emergencia se ha extendido (y
se puede extender más porque la pandemia continuará hacia el siguiente año),
las empresas la aprovechan para extender o multiplicar estos ataques. En
Miyasato se acaba de aplicar un cese colectivo.
Intentando responder
a parte de este problema la Comisión de Trabajo del Congreso que preside el
FREPAP, aprobó un proyecto prohibiendo
los despidos incluido a los contratados, mientras dure la emergencia;
medida que muchos saludamos. Proteger el
empleo y los derechos laborales en la emergencia es un tema esencial para todos
los trabajadores. Lo estamos viendo en el caso del SITOBUR amenazado de
despido por el alcalde Muñoz. Increíble pero cierto. No considera no solo la sentencia judicial que
ordena su pase a planilla, sino el hecho que las trabajadoras de limpieza tienen
un rol esencial en la actual crisis sanitaria y en la que incluso ya varias dejaron
sus vidas y por cuya causa en algún momento las calificaron de “heroínas” junto
a los médicos y enfermeras.
Aunque el proyecto ni siquiera ha sido aprobado por el pleno ya merece multiples ataques del empresariado y sus voceros, por supuesto, en nombre del “libre mercado”. La prohibición de los despidos no es un reclamo de otro mundo pues es una medida que algunos países ya aplican, como Argentina aunque con limitaciones. Sin embargo, el proyecto del congreso puede quedarse como una buena intensión, y si llega a Palacio Vizcarra lo vetará, si es que no media una gran presión de los trabajadores.
La respuesta
Ante toda esta situación si bien la clase trabajadora organizada aun no produce una respuesta, sobre todo por responsabilidad de las centrales colaboracionistas del gobierno, hay algunas respuestas aisladas, como las cras. del SITOBUR que han iniciado plantones y movilizaciones en defensa de su derecho al trabajo. Por otro lado, los trabajadores que aportan o aportaron a la ONP, quienes hoy se encuentran absolutamente desamparados porque no cuentan con CTS ni AFPs y que suman cientos de miles, empiezan a organizarse y a desarrollar acciones de lucha, como la que anuncian para el próximo miércoles 10, exigiendo devolución de sus aportes y pensiones justas, y hasta un sistema previsional único y estatal.
Con estos ejemplos, en especial de las bravas cras. del SITOBUR, estamos en la urgente necesidad de seguir pronunciándonos levantando nuestras exigencias contra el gobierno y su
plan enfocado en salvar negocios a expensas de nuestra vida, salud y trabajo,
con vistas a preparar las nuevas acciones.
¡Primero
nuestras vidas antes que las ganancias capitalistas!
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