SE AGRAVA LA CRISIS SANITARIA

Empezamos a trepar cifras espeluznantes, y mientras nos embiste el Covid-19, los despidos y el hambre hacen más difícil la vida de las familias obreras y pobres, por responsabilidad del gobierno de Vizcarra centrado en defender los negocios capitalistas.

Los contagios han saltado de 4 mil a 5 mil diarios, y aunque se dice que es porque se han incrementado las pruebas, lo cierto es que la tendencia ascendente de los contagios no deja de parar.

En Lima los hospitales ya colapsaron y no reciben más pacientes. El MINSA ahora ordena que los nuevos enfermos se queden en sus casas ofreciendo la entrega de un pack de medicinas a domicilio, aunque de su operatividad aún se duda mucho porque el gobierno viene mostrando una absoluta ineficacia en todos los frentes. Hay serias denuncias sobre muertos amontonados en el Hospital Unanue y en dos conteiner en una sede de Lima de Esalud, porque ya no habría capacidad para cremar cadáveres.

La situación es más dramática en el interior. A la catástrofe sanitaria que aún vive Loreto se han sumado Piura, Lambayeque y Ancash en el Norte, y Ucayali en el Oriente. En todos ellos se reproduce la misma situación: pacientes muriendo en las puertas de los hospitales, cadáveres en la vía pública o en domicilios de donde no son recogidos; en todos ellos se escuchan conmovedores gritos por medicinas o un balón de oxígeno.

Con la reapertura del lunes 25 la gente se ha volcado en masa a las 

calles de las principales ciudades del país, reproduciendo las aglomeraciones de siempre en paraderos y medios de transporte. En una prueba rápida se detectó 15% de infectados en los usuarios de El Metropolitano, y hasta de 25% en los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima. Contra todos aquellos que desde la comodidad de sus casas vilipendian a los que “rompen la cuarentena”, lo cierto es que un sector sale a trabajar convocados por sus patronos, y otro --la gran mayoría llamados “independientes” y los nuevos desempleados víctimas de los masivos despidos--, salen a buscarse el pan ante la ausencia de apoyo por parte del Estado. Adicionalmente, la ausencia de fiscalización en las empresas autorizadas a operar está propagando el virus entre los trabajadores, elevando el riesgo de los que siendo clínicamente vulnerables han sido obligados a concurrir por un decreto del gobierno. En esta nueva realidad, es un hecho que las infecciones y las muertes van a seguir cuesta arriba, agravando el dolor y sufrimiento de los más necesitados.

Esta situación es responsabilidad del gobierno. La primera fase de su plan fue un fracaso absoluto por una mezcla de ineptitud, corrupción y falta de efectivo financiamiento, entre ellas para entregar un bono verdaderamente universal para que la gente se quede en casa. La segunda fase de reapertura de las actividades, en la práctica significa –como estamos viendo-- que nos arroja al contagio masivo y a un sálvese quien pueda. En esta nueva realidad, las medidas y acciones que se tomen solo serán paliativos equivalente a intentar apagar un incendio con un vaso de agua, mostrando a un gobierno activo mientras sigue señalando a la población como responsable.

Hambre y despidos

Además de la tragedia sanitaria el pueblo pobre sufre otro igual o peor: el hambre. Millones se han quedado sin empleo. Los independientes y cuentapropistas que llegan a representar el 70% de la PEA, no tienen forma de volver a generar el ingreso que tenían antes. En los cerros ya se divisan banderas blancas y en algunos lugares organizan Ollas Populares para proveer de un plato de comida a los más necesitados. El hambre en medio de una pandemia desatada solo puede significar un camino seguro a la enfermedad y la muerte de muchos.

La situación del mundo obrero no es mejor. Con la “suspensión perfecta” 240 mil quedaron sin salarios, y sobreviven de sus pequeños ahorros (CTS y 25% de AFPs) con la confianza de que luego volverán al trabajo. Es una ilusión: la mayoría de las empresas, que se acogieron a dicha medida y a otras facultadas en el marco del DU 038, van a demorar su recuperación, lo que a decir de los expertos puede representar un mínimo de dos años, tiempo en el cual aprovecharán para desprenderse del personal “sobrante” o que consideren una “carga” por los derechos que ganaron, y en cuya bolsa incluirán a los principales activistas sindicales que siempre resultan molestosos a los empresarios.

Hay que actuar

La situación que vivimos y que se prolongará los siguientes meses 

es pues de terror. Ante ella nada hacen las direcciones, o mejor dicho, en la práctica colaboran con el gobierno. La respuesta debe venir de abajo: los más pobres organizándose para exigir bono universal equivalente a un salario mínimo por cada mes de la emergencia, y alimentos, para poder quedarse en casa. La clase trabajadora organizando la lucha para echar abajo el DU 038 y para exigir el respeto estricto a los Protocolos de Salud en los lugares de trabajo. Y todos juntos, a exigir al gobierno una atención efectiva a la emergencia con pruebas, camas, respiradores, medicinas y personal médico financiada con un impuesto a los ricos.

No aceptamos enfermar y morir por el virus o por hambre. En tal sentido denunciamos enérgicamente al gobierno cuyo plan se ha centrado en proteger los negocios empresariales y no asistir al pueblo pobre y trabajador. Autoorganizados, los de abajo, saldremos a defender nuestros derechos, trabajos, salud y nuestras vidas, con los ejemplos que ya estamos viendo de nuestros hermanos de Chile y de Ecuador que ya empezaron esta pelea.

¡Viva la clase trabajadora!

¡Por un Plan de Emergencia Obrero y Popular, y una salida de fondo con la conquista de un Gobierno de los Trabajadores!