POR QUÉ FUJIMORI DEBE VOLVER A LA CÁRCEL

Por Federico Romero

La anulación del indulto a Fujimori ha reabierto esta controversia de una manera que en lugar de significar la enmienda de un acto que favorece a la impunidad tiende a favorecer al ex dictador y a sus herederos políticos.

Fujimori fue indultado por PPK, como todos sabemos, por un intercambio de favores para evitar la vacancia a fines del año pasado. Contra el indulto, amplios sectores, sobre todo de la juventud y de los que lo habían respaldado en su elección por su compromiso de no liberar al ex dictador, salieron a las calles a repudiarlo en varias jornadas, incluso en la Navidad, hecho que contribuyó poco después a forzar su renuncia, cuando estaba en camino un segundo pedido de vacancia.

Sin embargo hoy, la resolución de un juez que anula dicho indulto apoyándose en sólidos argumentos, en lugar de provocar grandes movilizaciones de respaldo ha causado una ola de pronunciamientos en contra, incluso a motivado iniciativas a favor de un nuevo indulto presidencial y de apoyo a una ley para que el Congreso le otorgue el perdón definitivo. No nos referimos a la CONFIEP que hace tiempo está a favor del indulto porque reconocen en Fujimori a uno de los suyos y a su gobierno como el que los sacó de la crisis y los encaminó a una nueva era de prosperidad. Nos referimos a sectores de los llamados “caviares”, los PPKausas y a otros que se han montado en dicha ola victimizando al ex dictador pintado al borde de la muerte. Para no hablar de Keiko Fujimori que habiéndose opuesto antes a otras iniciativas legislativas y habiendo cuestionado el mismo indulto, hoy no solo derrama lágrimas y se muestra dispuesta a usar su mayoría parlamentaria para indultarlo de manera definitiva, sino además se victimiza.

Algunos de esos sectores justifican su pose con discursos “humanitarios”. Uno de los “argumentos” es expresado por el ex abogado de Fujimori (y ahora abogado de los corruptos PPK y de Humala), que dice: “se sanciona la libertad, no la vida”.  Así intenta justificar que como Fujimori estaría enfermo bajo una patología de riesgo grave, “debería ser perdonado”. En la misma idea se sustenta el proyecto de ley de los congresistas de Kenyi para favorecer a Fujimori, revestido como indulto a los encarcelados mayores de 80 años en condiciones de enfermedad grave. Para completar la figura, Fujimori aparece en un video con cara de moribundo pidiendo que “no lo maten”. De este modo, con discursos victimizadores y humanitarios, se construye una “opinión pública” a favor de un indulto definitivo al ex dictador.

La clase obrera y la juventud deben desnudar y denunciar este intento. En primer lugar, porque estamos ante un discurso hipócrita al servicio de disimular la impunidad. De acuerdo a su lógica también debería ser indultado Abimael Guzmán que en la actualidad tiene 83 años (y también otros de sus camaradas condenados a cadena perpetua). A Fujimori  se le aplicó una pena benigna de 25 años de cárcel como autor mediato por el secuestro, asesinato y desaparición de 9 estudiantes de La Cantuta y de un profesor, y por la masacre de Barrios Altos, donde murieron 15 personas y un niño de 8 años, además de otros crímenes operados bajo su orden por el Grupo Colina, como el de Huacho, aún en investigación. ¿Qué diferencia hay entre los crímenes de Fujimori con los de Abimael en Tarata o en Lucanamarca? En esencia, ninguna. Ambos cometieron delitos de lesa humanidad. Aquí es donde se revela la hipocresía de esos voceros: cuando se trata del ex dictador hablan de su derecho humano y se refieren a “el ex presidente”, pero cuando hablan de los senderistas estaríamos ante no humanos que no tendrían los mismos derechos, al contrario, se trataría de matarlos en vida y de no permitirles ni que tengan derecho a un entierro como ocurre con toda la campaña montada para destruir el mausoleo que han construido en uno de los cementerios populares de Lima.

De acuerdo a esta ideología los derechos humanos solo existirían en la práctica para los miembros de la burguesía. Esto lo podemos ver en otros casos. En las protestas sociales que se extienden por el país es común ver la muerte de pobladores desarmados por la acción represiva ordenada por las altas autoridades en defensa del “orden” y de sus políticas pro empresariales. En el gobierno de Toledo las victimas llegaron a 17, en el de Alan llegaron a 80 y en el de Humala fueron 60. Preguntamos: ¿es justo que se dispare y asesine a manifestantes por el solo hecho de protestar o reclamar? No. ¿Pero qué investigación y castigo se ha hecho hasta ahora ante estos crímenes? Ninguno. En los hechos se naturaliza la criminalización de las luchas porque se busca que éstas no se produzcan ni se desarrollen. Por lo mismo ocurre también que se persiga a los que dirigen las protestan: el dirigente aymara Aduviri fue condenado a siete años de prisión por encabezar las luchas de su pueblo (sentencia que fue anulada estos días). Otro es el caso del “Baguazo” donde murieron 23 policías y 30 indígenas, pero por estos hechos 3 indígenas sufren cárcel desde hace cinco años y otros 100 son investigados, pero ninguna autoridad es investigada ni menos acusada, entre ellos Mercedes Araoz que pese a su responsabilidad directa en los acontecimientos hoy ejerce el cargo de congresista y vicepresidenta de la República.

Es evidente que la burguesía busca disuadir las protestas sociales, lo mismo que en la fábrica busca disuadir a los obreros a no realizar huelgas cuando alega que “no negocia bajo presión”, siendo ambos derechos inalienables. Del mismo modo actúa cuando asocia de manera intencional al senderismo con todo lo que sea predicar por el socialismo, el comunismo y la lucha, para estigmatizar a todos los que luchamos, y hasta nos denuncian directamente como “terroristas” como actualmente ocurre contra el dirigente sindical Luis Samán investigado por la DIRCOTE.

Fujimori a la cárcel

No nos dejemos engañar por esta hipócrita campaña victimizadora y humanitaria en favor del ex dictador. Más allá de sí está gravemente enfermo o no (lo que no está probado) y de las lágrimas de Keiko, aquí lo esencial es que Fujimori cometió delitos de lesa humanidad que no deben perdonarse porque se trata de hacer consciencia de que esos delitos no deben volver a cometerse jamás, como ocurrió con los juicios de Núremberg  que condenaron a la ahorca a los líderes del fascismo, o aquí nomás en Argentina, donde una larga e intensa lucha popular no solo llevó a la cárcel al dictador Videla sino dejó que muriera en ella.

Pretenden perdonar al ex dictador blanqueándolo como un presidente que nos “liberó del terrorismo y de la crisis económica”, disminuyendo la magnitud de sus crímenes, dejando expedito el camino para que otros dictadorzuelos cometan los mismos crímenes.  Fujimori no nos “liberó” del terrorismo, éste se cayó por sus métodos nefastos repudiados por la mayoría obrera y popular. No nos salvó de la “crisis”, salvó de la crisis a la burguesía despidiendo a más de un millón de trabajadores y recortando drásticamente los derechos laborales sumiendo a clase obrera en la permanente pobreza. No lo perdonamos por esto y mucho más por sus crímenes de lesa humanidad, para que no vuelvan a ocurrir jamás.